Coalición ciudadana al margen de la FIFA: presión comunitaria por derechos y rechazo al ICE en la Copa del Mundo

Organizaciones de base en Estados Unidos se coordinan para preparar respuestas ante una posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la Copa del Mundo y, al mismo tiempo, impulsar demandas sobre derechos laborales, vivienda y salud pública.

El significado del Mundial, para Jennifer Li, directora de la coalición Dignity 2026, depende de “por dónde se mire”. Li, que coordina a decenas de grupos nacionales e internacionales, sostiene que el torneo puede ser un gran espectáculo para los aficionados, pero advierte que no debe perderse de vista a quienes sostienen el evento desde las comunidades donde se realiza: “este Mundial se está celebrando sobre sus espaldas”.

La coalición trabaja para que el mayor evento deportivo del planeta garantice derechos para trabajadores y asistentes, tanto en el presente como en el futuro. Sus frentes abarcan salud pública, derechos laborales y vivienda. Entre todos, el tema más discutido es la eventual presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los partidos y en actividades vinculadas al Mundial.

En distintas ciudades del país, las organizaciones intensificaron su organización desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, en el marco de una ofensiva migratoria descrita como sin precedentes. En Dallas, El Movimiento DFW reforzó sus entrenamientos para que la comunidad conozca sus derechos migratorios, amplió una línea telefónica directa para pedir apoyo en caso de detención y distribuyó kits con silbatos e información. Azael Álvarez, organizador de El Movimiento, explica que mientras los gobiernos diseñan planes de seguridad, las comunidades preparan planes de emergencia: asistencia jurídica, redes de respuesta rápida, listas de contactos para familias y orientación sobre a quién llamar si un ser querido es detenido o desaparece en el sistema de inmigración.

Texas aparece como un escenario especialmente relevante para políticas migratorias que luego se aplican a escala federal. Jennefer Canales-Pelaez, abogada del Immigrant Legal Resource Center en Houston, señala que la ley estatal SB4 entró en vigor tras años de vaivenes jurídicos. La norma permite que “agentes de la paz”, que pueden ir desde un guarda forestal hasta un alguacil, arresten a cualquier persona que consideren que está en Texas sin autorización. Canales-Pelaez advierte que esto habilita el perfilamiento racial y recuerda que, con independencia de la situación migratoria, todas las personas en Estados Unidos conservan derechos constitucionales, incluido el derecho a guardar silencio.

En paralelo, la coalición No ICE in the Cup, que agrupa a otros 70 grupos a nivel nacional, combina formación comunitaria en derechos y fortalecimiento de equipos de apoyo con iniciativas destinadas a generar vínculos en las comunidades. Paola Mendoza, artista y organizadora de la coalición, relata que, en Brooklyn, colaboraron en un torneo de fútbol juvenil con una organización local de Nueva York dedicada a la inmigración, y explica que esas conexiones vecinales fueron clave para la resistencia contra el ICE en Minneapolis. Desde su sitio web, se pueden descargar pósteres creados por artistas y acceder a formas de integrarse, además de la posibilidad de organizar un Watch Party abierto al público.

La preparación ante posibles redadas migratorias en torno al Mundial se presenta como preventiva debido a mensajes contradictorios de autoridades sobre la participación del ICE en estadios mundialistas y sus alrededores. Mientras un miembro de la Administración afirma que el ICE estará presente, otra versión lo niega o retrocede, matizando que solo cumpliría labores de apoyo de seguridad. Algunas autoridades locales en ciudades sede aseguran que las fuerzas del orden locales no colaborarían en labores migratorias, aunque en lugares como Texas la situación podría ser distinta. Un sondeo del Washington Post encontró que la mayoría de los estadounidenses rechaza que el ICE esté presente en los estadios, pero, pese a ello, las comunidades se preparan para el peor escenario.

Las organizaciones también sostienen una lucha laboral por los derechos de quienes hacen posible el evento. En Los Ángeles, el SoFi Stadium se describe como el centro de la resistencia sindical. Yolanda Fierro, trabajadora de hostelería en el estadio y miembro del sindicato Unite Here Local 11, señala que tras más de un año intentando negociar un contrato justo, los trabajadores agotaron su paciencia. Fierro afirma que el estadio no quiere pagar salarios equitativos por el trabajo que realizan y que el costo de vida en California dificulta el cuidado de sus familias.

Este viernes, el 96% de los miembros del sindicato votó a favor de irse a una huelga durante el Mundial, incluyendo el partido inaugural de la selección estadounidense, el 12 de junio en el SoFi Stadium. Fierro y el sindicato también mantienen la exigencia de un compromiso para que agentes del ICE no entren al recinto, una garantía planteada para empleados y asistentes.

En Miami, Kat Passley, codirectora de Beyond the Bars, organización laboral y en favor de los derechos de expresos, denuncia una estructura de explotación con mecanismos más opacos: proliferación de agencias de empleo temporal y cadenas de subcontratación que, a su juicio, diluyen la responsabilidad de los empleadores. Passley afirma que ese sistema abre la puerta al robo de salarios, a condiciones de trabajo inseguras y, en el peor de los casos, a la trata de personas, trazando un paralelismo con violaciones de derechos documentadas durante la construcción del Mundial de Qatar.

Otra denuncia recurrente es la desconexión entre la inversión para el torneo y el descuido de necesidades básicas de residentes. Kansas City se presenta como un ejemplo: la construcción de una nueva cárcel se justificaría explícitamente por el Mundial. Amaia Cook, directora de Decarcerate KC, resume la ironía al señalar que se despliega “la alfombra roja” para turistas mientras se imponen tarifas de autobús —hasta hace poco el transporte público era gratuito—, permisos de circulación para que los vecinos entren a sus propias casas y nuevas celdas para la población local.

En Atlanta, la memoria de los Juegos Olímpicos de 1996 funciona como un antecedente que marca la respuesta actual. Michael Collins, director de PlayFair ATL, recuerda cómo miles de personas sin hogar fueron arrestadas o expulsadas en autobuses para ofrecer una imagen “limpia” al mundo. Hoy, los activistas denuncian que las mejoras de infraestructura se orientan exclusivamente al espectáculo, mientras persisten crisis para residentes por tuberías colapsadas o falta de mantenimiento básico. Collins critica, además, el “pecado original” del Mundial: una planificación liderada por corporaciones —como Coca-Cola o Home Depot, ambas con sede en Atlanta— que prioriza el beneficio económico sobre el bienestar de los residentes.

Para evaluar el desempeño de las sedes, Dignity 2026 elaboró junto a la Universidad de Georgetown una tabla de puntuación o scorecard. Este sistema no califica el rendimiento deportivo, sino que utiliza 20 indicadores basados en los propios estándares de derechos humanos de la FIFA para medir si las sedes cumplen criterios como salarios dignos, acceso a la vivienda y protección contra la discriminación, entre otros, tomando como referencia la experiencia directa de la gente local.

Jennifer Li explica que la tabla de puntuación buscará proyectar el impacto más allá del cierre del torneo, incluso después de la final en Nueva Jersey, para reflejar que el éxito real no quedará en libros contables de la FIFA, sino en el legado social y de infraestructura. Los líderes de las coaliciones y organizaciones civiles participantes coinciden en que el 19 de julio no será el final del trabajo: el Mundial funciona como una excusa para organizarse, fortalecer sindicatos, proteger el derecho a la vivienda y mejorar la salud pública a largo plazo.

La meta, según el planteamiento de las organizaciones, supera este Mundial y otros eventos deportivos en el horizonte, como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. En el corto plazo, el objetivo se traslada a las elecciones de medio mandato de noviembre, con la expectativa de que estas redes y conexiones comunitarias, además de las nacionales, ayuden a fortalecer la resistencia de base a la Administración Trump.

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