Interventora del COE busca reunión con el COI y detecta anomalías contables y de honorarios

Noelia Caicedo, designada interventora por el Gobierno Nacional, informó que el Comité Olímpico Ecuatoriano abrió un canal de diálogo con el COI y que se prepara una reunión virtual sin fecha definida. Además, tras las primeras revisiones financieras, se identificaron posibles inconsistencias en estados contables y pagos de honorarios.

La intervención temporal del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) inició con la apertura de un espacio de diálogo con el Comité Olímpico Internacional (COI), mientras continúan las revisiones internas sobre la situación legal, administrativa y financiera del organismo.

Noelia Caicedo, designada interventora por el Gobierno Nacional, indicó que el primer objetivo fue establecer contacto con el COI. Ese acercamiento se concretó tras la solicitud de una reunión virtual entre las partes.

Caicedo explicó que el encuentro todavía no tiene fecha definida y detalló que contará con la participación de la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar; el viceministro Roberto Ibáñez; y Jorge Delgado.

La interventora calificó el escenario como el más favorable dentro de los panoramas analizados antes de ejecutar la intervención. “La búsqueda siempre ha sido el diálogo. Tener este espacio de comunicación es el mejor escenario posible”, manifestó.

La razón de la intervención

El asesor legal de la intervención, César Tapia, señaló que el conflicto se remonta al proceso electoral del COE, en el que fue elegida una directiva integrada, entre otros dirigentes, por Jorge Delgado y John Zambrano.

Tapia indicó que ambos habrían acumulado periodos consecutivos dentro del directorio, lo que habría impedido el registro de la directiva por parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

El asesor recordó que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación establece periodos de cuatro años con posibilidad de reelección, pero que para aspirar a un nuevo periodo debe transcurrir primero otro ciclo dirigencial. En ese marco, sostuvo que no es posible ejercer tres periodos consecutivos dentro de un directorio deportivo.

Tapia detalló la trayectoria de Jorge Delgado: segundo vocal principal entre 2013 y 2017; segundo vicepresidente entre 2017 y 2021; y presidente entre 2021 y 2025. En el caso de John Zambrano: primer vocal y segundo vicepresidente entre 2013 y 2017; primer vicepresidente entre 2017 y 2021; y secretario general entre 2021 y 2025.

Según Tapia, esta situación habría impedido que la cartera de Estado registrara la nueva directiva. “El COE se rige por la Carta Olímpica y por el ordenamiento jurídico nacional, específicamente por la Ley del Deporte y su reglamento vigente en ese momento”, sostuvo.

Caicedo aclaró sobre la ley anterior

La interventora precisó que la negativa de registro no se basó en la nueva Ley del Deporte, sino en disposiciones que ya estaban contempladas en la normativa anterior y respaldadas por pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado.

Explicó que antes existía la interpretación de que un dirigente podía avanzar progresivamente dentro de una organización deportiva, pasando de vocal a vicepresidente o presidente. Sin embargo, indicó que esa posibilidad dejó de ser válida.

Caicedo señaló que una persona que haya ocupado cargos directivos durante dos periodos consecutivos no puede integrar nuevamente el directorio en el tercer periodo inmediato. Agregó que sí puede regresar después de que transcurra un periodo completo bajo otra administración y sostuvo que el problema surgió porque no se respetó esa limitación al conformar la directiva electa.

Reforma estatutaria y nuevas elecciones

Dentro de la hoja de ruta de la intervención se contempla una reforma al estatuto del COE. Caicedo explicó que el estatuto es el instrumento encargado de armonizar la normativa nacional con la Carta Olímpica, por lo que considera necesario actualizarlo. Una vez concluida la reforma, el siguiente paso será convocar a nuevas elecciones.

Respuesta al COI

Sobre la preocupación expresada por el COI, Caicedo afirmó que el Gobierno cuenta con argumentos jurídicos para explicar las razones que llevaron a la intervención. Indicó que, antes de adoptar la medida, se intentó establecer comunicación con el organismo internacional y que el encuentro virtual solicitado permitirá exponer las acciones realizadas y las instancias agotadas previamente.

“No se llegó a esta decisión de manera improvisada. Fue un proceso estudiado y analizado, evaluando distintos escenarios y sus consecuencias”, señaló.

La interventora reconoció que la intervención puede generar una percepción negativa, pero sostuvo que el objetivo es ajustar la institución al marco legal vigente.

Reunión con Jefferson Pérez

Caicedo confirmó que el próximo sábado 20 de junio se realizará una reunión entre el viceministro Roberto Ibáñez y el exmedallista olímpico Jefferson Pérez. Según Caicedo, el encuentro responde al pedido público de diálogo formulado por Pérez y busca abrir un espacio de conversación entre las partes.

La interventora remarcó que el proceso no tiene motivaciones personales contra ningún dirigente. “Esto no es contra una persona. Es una actuación institucional apegada a la legalidad”, afirmó.

Consultada sobre si Jefferson Pérez podría convertirse en futuro presidente del COE, Caicedo evitó hacer proyecciones. Sin embargo, señaló que, a su criterio, su presencia en la lista electoral de mayo de 2025 habría podido evitar el conflicto que enfrenta la institución.

Primeras observaciones financieras

El economista Jorge Murillo, asesor financiero de la intervención, informó que las primeras revisiones contables identificaron aspectos que requerirán análisis más profundos.

Entre ellos mencionó aproximadamente $ 500.000 registrados simultáneamente como activos y pasivos dentro de los estados financieros. Murillo indicó que esos valores deberían haberse ajustado mediante procedimientos contables establecidos en la normativa vigente.

Señaló además que personal del área financiera le manifestó que no contaba con autorización para realizar las correcciones correspondientes, lo que a su juicio estaría generando una sobrevaloración de los estados financieros. Adelantó que en los próximos días solicitarán los ajustes necesarios para reflejar la realidad económica de la institución conforme a las normas financieras aplicables en Ecuador.

Honorarios bajo revisión

Otra observación inicial corresponde al pago de honorarios. Murillo indicó que existe un monto cercano a los $ 18.000 por este concepto y que cuatro personas concentran aproximadamente $ 14.000 de esa cifra.

Explicó que esos pagos provienen de recursos entregados por Solidaridad Olímpica para programas administrativos, subvenciones y apoyo a deportistas. Indicó que el COE recibe alrededor de $ 455.000 mediante estos programas.

Dentro de los honorarios identificados, Murillo mencionó pagos mensuales de $ 5.750 para Jorge Delgado, $ 4.025 para John Zambrano, $ 3.450 para Fernando Ibáñez y $ 2.300 para Dumani Noris Nadia. Según el asesor, la suma de estos valores se aproxima al costo de gran parte de la nómina institucional.

Problemas con correos y acceso a información

La comisión interventora también reportó dificultades para acceder a información institucional. Murillo señaló que durante el trámite para asumir la representación legal ante entidades financieras encontró resistencia en una institución bancaria, donde le informaron que existían comunicaciones que restringían la entrega de información.

Indicó que ya se presentaron los documentos legales necesarios para regularizar la situación. Por su parte, Caicedo reveló que el dominio del correo institucional fue recuperado recién la noche anterior a la rueda de prensa de este 18 de junio.

Explicó que la falta de acceso impedía la comunicación externa e interna dentro del COE, e indicó que incluso los correos electrónicos de los colaboradores no funcionaban. “Hoy ya logramos solucionar ese problema”, añadió.

Agregó que esta condición dificultó varias acciones que buscaban ejecutarse en beneficio de los deportistas ecuatorianos.

Redes sociales aún fuera de control

La interventora informó además que la comisión todavía no tiene acceso a las redes sociales institucionales del COE. Advirtió que el problema afecta tanto la comunicación actual como la preservación del archivo histórico del deporte ecuatoriano.

Caicedo sostuvo que crear nuevas cuentas sería sencillo, pero significaría perder registros acumulados durante años. “No nos perjudican a nosotros. Están perjudicando a la institución”, afirmó.

Advertencia del COI

El COI expresó su preocupación por la intervención temporal y advirtió sobre posibles consecuencias para el deporte ecuatoriano.

En una comunicación enviada a la ministra Gilda Alcívar, el organismo consideró que la medida representa una interferencia gubernamental y una vulneración de la Carta Olímpica. Además, solicitó reconsiderar la decisión y alertó que el COE podría quedar sujeto a mecanismos de protección previstos en esa normativa.

Entre las posibles sanciones figuran la suspensión o incluso el retiro del reconocimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano. El COI advirtió que, si se concreta una sanción de ese tipo, las delegaciones ecuatorianas no podrían representar al país en competencias multideportivas internacionales.

La medida afectaría eventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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