
Imagen gracias a: El País (América)
El gobierno de la FIFA bajo la lupa: déficits que se alimentan entre sí
La FIFA, presidida por Gianni Infantino, arrastra cuatro fallas de gobernanza que interactúan: conflicto de intereses, un límite de mandatos con margen de interpretación, aplicación desigual de sus reglas y un modelo clientelar basado en intercambio de apoyos.
La FIFA, el organismo que rige el fútbol mundial, presenta cuatro déficits de gobernanza que se refuerzan mutuamente: conflicto de intereses, fragilidad en el límite de mandatos, aplicación selectiva de sus normas y un sistema clientelar.
Un refrán turco resume con crudeza cómo puede desmoronarse el buen gobierno cuando una institución pierde sus pilares éticos: “Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convierte en un circo.” Sin una estructura normativa sólida y sin una cultura capaz de resistir la corrupción, la influencia de una sola persona puede desmontar los andamiajes de cualquier entidad. La FIFA de Gianni Infantino se ha convertido en un ejemplo de este patrón.
Con 211 federaciones y más miembros que la ONU, la FIFA sostiene su autoridad sobre un entramado amplio. Sin embargo, sus problemas de gobernanza se organizan en cuatro ejes. En primer lugar, el organismo actúa simultáneamente como árbitro y como jugador: regula el fútbol y, al mismo tiempo, organiza sus competiciones más lucrativas. Esa doble función coloca frente a frente el interés deportivo y el comercial. Si la misma entidad define reglas, elige sedes y negocia los derechos televisivos, existen incentivos para no someterse a una fiscalización estricta. Decisiones como la ampliación a 48 selecciones, el Mundial de Clubes o la sede saudí de 2034 responden a criterios de negocio tomados por quien después debe vigilar su propia limpieza.
En segundo lugar, el límite de mandatos se ha vuelto flexible. Tras el escándalo de 2015, la FIFA estableció un tope de tres mandatos de cuatro años. Infantino preside desde 2016, con reelecciones en 2019 y 2023, y pretende buscar un tercer mandato en 2027. No obstante, el Consejo determinó que los primeros 39 meses —en los que se completaba el ciclo inconcluso de Blatter— no se computan como mandato pleno. Con esa reinterpretación, el mandato podría extenderse hasta 2031: quince años reales bajo un límite nominal de doce. La continuidad del líder y la posible decisión de impulsar cambios normativos para ampliar el horizonte de gobernanza quedan abiertas.
En tercer lugar, hay una brecha entre la exigencia normativa y la voluntad de aplicarla. La FIFA dispone de códigos de ética, de compliance, de buen gobierno y de derechos humanos. La normativa es exigente en el papel, pero su aplicación resulta limitada. El Mundial de Catar 2022 mostró esa distancia: en 2017 la FIFA adoptó una Política de Derechos Humanos alineada con los Principios Rectores de la ONU, pero las reformas laborales para trabajadores migrantes llegaron tarde o se aplicaron con debilidad. Además, el fondo de compensación exigido por federaciones como la noruega no llegó a resolverse. Esa falta de determinación también se refleja hacia dentro, en la ausencia de verificación de que los códigos éticos de las federaciones nacionales se ajusten a los de la FIFA. El caso de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo ilustra: su Código Ético vigente sigue siendo el de junio de 2021, aprobado bajo Rubiales, que retiró al Comité de Ética la potestad sancionadora y lo dejó con capacidad de “recomendar”, incumpliendo la propia orden de la FIFA de fijar sanciones concretas.
En cuarto lugar, el modelo clientelar convierte los votos en moneda de cambio. El Congreso funciona con “un país, un voto”, donde Andorra tiene el mismo peso que Alemania. En ese sistema, quien controla los fondos de desarrollo influye en una parte relevante de los votos. En julio de 2026, Infantino promovió la venta de hasta un 20% de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados, ofreciendo hasta 40 millones por federación a quienes respaldaran la operación. UEFA y Concacaf denunciaron una privatización encubierta y el plan se retiró, pero la lógica de intercambio —dinero por lealtad— quedó evidenciada. Días después, The Times informó que Infantino habría ofrecido a Marruecos la final del Mundial 2030 —asignada hasta entonces a España— a cambio del apoyo africano a su reelección de 2027. La FIFA lo negó, aunque persisten las dudas.
Aunque la FIFA se define como una “organización privada”, su influencia no se limita a sus federaciones: también puede presionar a Estados soberanos. España lo vivió en 2008, bajo la presidencia de Villar en la RFEF. En ese contexto, Blatter amenazó con excluir a la selección de la Eurocopa si el gobierno no permitía que Villar retrasara unas elecciones exigidas por orden ministerial. Madrid cedió y España pudo participar en la Eurocopa que, finalmente, ganó. Así, un Estado democrático puede verse forzado a subordinar decisiones a una asociación privada de Zúrich, bajo la amenaza de privar a millones de aficionados de ver competir a su selección. El poder de la FIFA no es solo interno: también es geopolítico, como sugieren las últimas designaciones de la Copa del Mundo.
Por último, surge la pregunta sobre quién puede imponer límites. No existe una respuesta inmediata y clara. Naciones Unidas cuenta con legitimidad universal, pero no tiene competencia directa sobre gobernanza deportiva. Un organismo semejante a la Agencia Mundial Antidopaje podría auditar y sancionar, aunque implicaría ceder soberanía. La Unión Europea puede influir de forma indirecta a través del derecho de la competencia —como en los casos Bosman o Superliga—, pero solo dentro de su territorio. Una alianza de gobiernos en foros como el G20 tendría más capacidad de presión, aunque requeriría un consenso que hoy no existe: muchos gobiernos prefieren mantener buenas relaciones con Zúrich antes que enfrentarse a ella.
El refrán turco, en esencia, describe que el payaso convierte el palacio en circo. Sin embargo, no lo logra por habilidad propia, sino porque el palacio carecía de los pilares y protocolos que deberían impedir su entrada o reducir su margen de acción. Infantino no representa una anomalía aislada: es el tercer presidente consecutivo capaz de explotar grietas que ya habían utilizado João Havelange y Joseph Blatter. En los tres casos aparecen los mismos elementos: conflicto de intereses, laxitud en la rendición de cuentas y clientelismo con federaciones pequeñas. Que tres presidentes con perfiles distintos hayan ejercido el poder priorizando intereses comerciales —algunos, incluso, cuestionables— por encima de los estrictamente deportivos no parece casualidad biográfica, sino resultado de un diseño institucional que, lejos de funcionar como cortafuegos ante liderazgos tóxicos, opera como su mejor incubadora. Mientras la FIFA no incorpore barreras internas efectivas —y mientras ninguna instancia externa esté en condiciones de imponerlas— seguirá siendo posible que un payaso gobierne el palacio y el circo continúe.
José Luis Pérez Triviño es Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).
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