La FIFA y el caso Balogun: un cambio disciplinario cuestionado y el debate sobre su control

La FIFA anunció que Folarin Balogun, expulsado en el partido previo con su selección, podría jugar los octavos de final ante la selección belga al suspender durante un año el efecto de la tarjeta roja. La decisión reabre una discusión sobre la coherencia disciplinaria y sobre el papel político e institucional del organismo.

El domingo, la FIFA publicó un breve comunicado de prensa sobre una sanción disciplinaria relacionada con el delantero estadounidense Folarin Balogun. El organismo informó que, pese a la expulsión sufrida en el partido anterior con su selección, el futbolista podría disputar los octavos de final contra la selección belga. De acuerdo con los códigos disciplinarios de la FIFA, la comisión disciplinaria decidió suspender la tarjeta roja durante un año.

La decisión fue considerada errónea. La normativa general sostiene que una tarjeta roja conlleva una suspensión inmediata en el siguiente partido, además de que una sanción posterior pueda ser más severa si se aprecia otra gravedad en los hechos. En ese sentido, la propia normativa de la Copa del Mundo de la FIFA, emitida antes del inicio del campeonato, establece que la suspensión se “impondrá automáticamente”.

Más allá de la dimensión técnica, el asunto adquirió un componente político. Tras el comunicado, Donald Trump expresó en redes sociales su agradecimiento a la FIFA por haber tomado una decisión “justa”. Esa misma tarde trascendió que, pocos días antes, Trump había mantenido una llamada telefónica con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para pedir que se revisara la expulsión de su futbolista.

La FIFA volvió a situarse en el centro de un debate más amplio. El texto recuerda que, desde hace años, el fútbol mundial ha convivido con cuestionamientos sobre transparencia y gobernanza en las asociaciones deportivas. Se citan antecedentes como las irregularidades vinculadas a la adjudicación del Mundial de 2022 que destapó France Football en 2013, y la investigación de 2015 que llevó a la detención de siete trabajadores de la FIFA en un hotel de Zúrich, caso que desembocó en la dimisión de Sepp Blatter.

Con la llegada de Infantino, el organismo habría ido más allá en su posicionamiento. Se subraya que, durante décadas, la FIFA defendió una supuesta neutralidad política, pero que en la actualidad actúa como un actor político relevante en el tablero internacional. El análisis menciona su alineamiento con la Administración Trump, a la que se le habría otorgado capital social, político y económico asociado al fútbol mundial.

En esa línea, se recuerda que Infantino acompañó a Trump en un viaje oficial a Oriente Medio el pasado mes de septiembre. También se apunta que, en diciembre, tras que Infantino entregara a Trump el primer premio FIFA de la paz, la prensa informó de que el Consejo de la FIFA, su principal órgano ejecutivo, no había sido informado de la adjudicación del premio. Además, se señala que en febrero la FIFA firmó un convenio con el Board of Peace de Trump, un organismo privado que opera al margen del derecho internacional y cuyo propósito, según el texto, sería enriquecer al propio Trump.

Ante lo ocurrido en los últimos meses, el artículo plantea que la comunidad internacional debería tomarlo como una alerta. Se argumenta que la regulación del deporte es un asunto sensible para los gobiernos, que históricamente han preferido evitarlo. Durante décadas, la FIFA se habría beneficiado de la idea de separar el fútbol de la política, una postura que el texto considera desmentida por estudios de geopolítica sobre los Mundiales. A la vez, esa ficción habría convenido a ambas partes: la FIFA mantenía su discurso de independencia y amenazaba a los gobiernos que pretendieran regular el fútbol, mientras que los gobiernos justificaban su inacción con la necesidad de separar ambos ámbitos.

El texto sostiene que, si la FIFA actúa como actor político, resulta urgente establecer normas para someterla al control público. Por razones de eficiencia, se propone que esas reglas las implemente la Unión Europea.

Se presentan tres argumentos a favor de la intervención. El primero es económico: las federaciones deportivas operan como actores privados en el mercado interior y, por ello, deben quedar sometidas a las reglas europeas, igual que ocurre con normas que regulan a las grandes plataformas tecnológicas. El segundo argumento es político: una asociación deportiva que quiera comportarse como actor político debe ser tratada como tal, lo que implicaría exigir transparencia interna y buen gobierno, además de someterla a la normativa europea destinada a proteger la democracia frente a la desinformación, las injerencias extranjeras y la corrupción. El tercer argumento es que el fútbol, y el deporte en general, es un bien público: el juego pertenece a la sociedad, su legado forma parte de la historia colectiva y su peso social y cultural supera el ámbito del negocio.

El artículo concluye citando a Arrigo Sacchi para subrayar la importancia de proteger el fútbol y afirma que el comunicado de la FIFA debería marcar un punto de inflexión para que los poderes públicos, con seriedad, ejerzan su soberanía.

Guillermo Íñiguez es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford.

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