Ecuador analiza cómo regular los pronósticos deportivos ante el crecimiento del mercado y el riesgo de informalidad

Un estudio vinculado al economista Alberto Acosta Burneo calcula que en 2025 los pronósticos deportivos generaron $ 252 millones en producción en Ecuador, además de empleo e impuestos. Abogados e investigadores comparan el desafío de imponer controles, prevenir la ludopatía y reducir la operación informal, con la experiencia brasileña de restricciones y cierres.

Los pronósticos deportivos han ganado terreno en Ecuador impulsados por el avance de las plataformas digitales y por su papel dentro del financiamiento del fútbol. En este contexto, crece la preocupación sobre la necesidad de establecer mecanismos de control que protejan a los usuarios, ayuden a prevenir la ludopatía y enfrenten la informalidad.

Diario EL UNIVERSO conversó con el economista Alberto Acosta Burneo y la abogada brasileña Mariana Chamelette, especialista en integridad deportiva, para analizar el tema a partir de la experiencia reciente en Brasil, donde se aprobaron medidas orientadas a prohibir las apuestas deportivas.

De acuerdo con un estudio de Acosta Burneo, en 2025 los pronósticos relacionados con el deporte generaron en Ecuador un impacto estimado de $ 252 millones en producción, considerando efectos directos e indirectos. La actividad habría sostenido 22.446 empleos y generado $ 57 millones en remuneraciones y $ 119 millones en valor agregado.

El informe también estima que las ventas del sector superaron los $ 134 millones y que durante ese año se generaron alrededor de $ 18 millones en impuestos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) registra 65 contribuyentes vinculados a pronósticos deportivos, aunque no existe una estadística disponible que permita determinar qué parte del mercado opera de manera formal y cuál corresponde a plataformas informales.

“La población sabe cómo usarlas; está a un clic de distancia”, explicó Alberto Acosta.

Sobre la regulación y la prohibición

Para Acosta Burneo, el propósito central debe ser aumentar la formalización y asegurar controles sobre las empresas. Sostuvo que la preocupación por la ludopatía, el sobreendeudamiento o la protección a los consumidores es válida, pero que no se logra prohibiendo las apuestas formales.

El economista advirtió que si las plataformas autorizadas dejan de operar, los usuarios podrían trasladarse a sitios ilegales, donde sería más difícil verificar la edad, proteger los datos personales y atender posibles fraudes. Por ello, planteó la necesidad de licencias con reglas claras, tributación competitiva y controles contra el lavado de activos y las apuestas sospechosas.

Mariana Chamelette coincidió en el diagnóstico a partir del caso brasileño. Explicó que, antes de las restricciones más recientes, Brasil contaba con más de 150 reglas para los operadores, vinculadas a la identificación de apostadores, el lavado de activos y la integridad deportiva. Además, señaló que las empresas habrían pagado alrededor de $ 1.900 millones en impuestos entre enero y agosto de 2026.

La abogada indicó que el cierre impulsó cuestionamientos judiciales y que la situación aún podía modificarse. También afirmó que en ocho días surgieron unos 40.000 operadores ilegales; aclaró que esa cifra corresponde a su declaración y no a una medición independiente del mercado.

“Prohibir solamente hace que el mercado ilegal crezca”, manifestó Chamelette, quien considera que la respuesta debe combinar regulación, controles y educación para que los usuarios comprendan los riesgos asociados a los pronósticos deportivos.

Impacto en el fútbol y consideraciones para los usuarios

Las casas de pronósticos también se han convertido en un canal relevante de patrocinio para clubes y competiciones deportivas. Acosta Burneo sostuvo que forman parte del ecosistema económico del fútbol, junto con la publicidad y otras actividades comerciales.

En Brasil, Chamelette advirtió que las restricciones podrían impactar los ingresos de los equipos. Según sus estimaciones, cuatro de los principales clubes de São Paulo perderían cerca de 900 millones de reales ($ 180 millones) al año en patrocinios. Agregó que el efecto podría extenderse al fútbol femenino, a las categorías formativas y a los programas de integridad deportiva.

Aun con ese aporte al financiamiento deportivo, Chamelette y Acosta Burneo coincidieron en que sigue siendo necesario evaluar los riesgos para los usuarios. Acosta Burneo recordó que las personas con menores ingresos pueden ser más vulnerables, porque un pronóstico representa una proporción mayor de sus recursos económicos.

Para la prevención, Chamelette mencionó herramientas que ya existían en Brasil, como la autoexclusión voluntaria y la prohibición de apostar con tarjetas de crédito. A su juicio, la prevención requiere medidas concretas de protección y educación, además de supervisión estatal.

En síntesis, el reto para Ecuador consiste en definir un marco que permita controlar a los operadores, proteger a los usuarios y reducir la informalidad, sin perder de vista los efectos económicos que esta actividad tiene sobre el fútbol. La experiencia brasileña abre el debate, pero las medidas que adopte el país deberán ajustarse a su propia realidad y a la capacidad efectiva de hacer cumplir las reglas. (D)

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