Deportivo Quito enfrenta una Junta de Acreedores clave por su futuro concursal

El 10 de noviembre de 2026, la Junta de Acreedores definirá si Sociedad Deportivo Quito logra un plan de pagos bajo el Cogep o si se dicta la quiebra definitiva. La última pericia incorporó el Complejo Ney Mancheno Velasco, ubicado en Carcelén, con una valoración que reconfigura el balance y abre un choque de interpretaciones sobre la ejecución de los bienes.

El conflicto judicial de Sociedad Deportivo Quito se aproxima a un punto decisivo tras casi 10 años de trámite en los tribunales.

El proceso concursal, iniciado el 19 de enero de 2017 en la Unidad Judicial Civil de Iñaquito, se extendió por la acumulación de demandas, la rotación de juzgadores y la actuación de dos síndicos de quiebra.

Mediante providencia judicial, el juez Santiago Altamirano convocó a las partes a la Junta de Acreedores para el martes 10 de noviembre de 2026, a las 10:00, en la Sala de Audiencias ubicada en el quinto piso del Complejo Judicial Norte de Quito.

En esa diligencia oral y pública, acreedores y representación del club definirán si Deportivo Quito mantiene capacidad para afrontar sus obligaciones mediante un acuerdo, o si corresponde declarar la quiebra definitiva y avanzar con la ejecución de activos mediante remate.

Concordato de pago o declaratoria de quiebra

La Junta del 10 de noviembre de 2026 se regirá por lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos (Cogep), que contempla dos caminos para el desenlace.

El primero es el concordato o plan de pagos, previsto en el artículo 427 del Código. Para que una propuesta de acuerdo, refinanciamiento o moratoria formulada por el deudor sea aprobada, se requiere el voto favorable de más del 51% de los acreedores. Si se logra esa mayoría, el juez Altamirano ratificará el concordato en la misma diligencia mediante sentencia, lo que suspenderá temporalmente las ejecuciones individuales, siempre que el club cumpla el cronograma de desembolsos fijado en el fallo.

El segundo escenario es la declaratoria de quiebra e insolvencia definitiva. Este desenlace se concretará si la directiva de Sociedad Deportivo Quito no presenta una propuesta de pago garantizada o si la mayoría de los acreedores rechaza las condiciones ofrecidas por la 'AKD'. De materializarse esa votación, el juez podría dictar una sentencia de quiebra, declarando la incapacidad legal del club para administrar bienes, celebrar contratos o ejercer derechos comerciales. En ese caso, la consecuencia sería el paso a ejecución forzosa e incautación de bienes, con intervención de la Sindicatura de Quiebras para proceder al embargo, avalúo definitivo y el señalamiento de fecha para el remate en subasta pública de los activos del club. Los valores recaudados se consignarán en la cuenta del tribunal para cancelar los pasivos, respetando la prelación de créditos: primero deudas laborales, públicas y prendarias, y luego las privadas.

Carcelén revaluado en USD 3 millones: ¿se puede rematar?

En el sistema de la Función Judicial, la última pericia hecha pública por el síndico de quiebra William Erazo fue elaborada a mediados de julio de 2026. Ese documento cifró en USD 3,2 millones el patrimonio negativo del club, al considerar que el Complejo Ney Mancheno Velasco, en Carcelén, fue tasado en USD 0. La razón era una prohibición de enajenarlo establecida en la escritura de 1964 con la que el Municipio de Quito donó el terreno al equipo de fútbol.

No obstante, PRIMICIAS accedió a una actualización de la pericia fechada el 21 de agosto de 2026, que será discutida en la junta del 10 de noviembre. En esa actualización, el síndico Erazo incorporó el predio 81480, correspondiente al Complejo Ney Mancheno Velasco, con una extensión de 27.248 metros cuadrados, asignándole una valoración de USD 3 millones. El cálculo se sustentó en el avalúo del catastro oficial del Municipio de Quito.

Con la inclusión del predio de Carcelén, el inventario de activos de Sociedad Deportivo Quito se elevó a USD 3,2 millones, mientras que el pasivo se fijó en USD 3,7 millones. Este ajuste redujo el déficit de la institución de USD -3,2 millones a USD -442.218. De esta manera, el destino del bien quedaría sujeto a la decisión que adopten directamente club, acreedores y juez en la Junta.

La revalorización del predio y la confrontación legal se perfila como el principal foco de disputa en la audiencia prevista para el 10 de noviembre. La directiva del club y su defensa basan su postura en los términos de la escritura de donación, que contiene una cláusula que obliga a destinar el inmueble a fines deportivos y prohíbe gravarlo o enajenarlo.

En la contraparte, los abogados de los acreedores sostienen que esa cláusula no impide la ejecución en el marco de la quiebra. Joan Paul Egred, abogado de la acreedora Marjorie Pazmiño, plantea que las restricciones de un contrato privado o municipal no pueden prevalecer sobre el Cogep, que habilita a los acreedores a recuperar su parte con cargo a los bienes del deudor.

Parte de los demandantes solicitará en la Junta de Acreedores que el juez ordene el embargo definitivo y el remate en subasta pública de las edificaciones, canchas y mejoras construidas sobre el terreno de Carcelén, con el objetivo de usar el producto de la venta para el pago de los pasivos.

En paralelo, dentro del expediente figuran requerimientos de información dirigidos al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para precisar si se ha configurado la causa de reversión o si el bien mantiene su estatus.

El conflicto con MarkSDQ

Con menos de dos meses para la audiencia decisiva, las partes mantienen posiciones enfrentadas. La administración liderada por José Pardo y su abogado, Celso Vásconez, defiende que el club no se encuentra en quiebra y busca impugnar la pericia, al sostener que no incluye todos los activos del club. Hasta el momento, la directiva no ha difundido la cifra exacta ni las garantías financieras con las que respaldaría un plan de pagos; Vásconez, consultado por PRIMICIAS, optó por no revelar su estrategia.

Por su parte, el síndico Erazo llegará a la cita con tres solicitudes planteadas en la ampliación del 21 de agosto de 2026. Primero, pide que se conmine a Pardo a entregar el contrato con Marketing Deportivo Quito (MarkSDQ), la firma que gerencia el club. También solicita una pericia contable judicial sobre los libros de dicha empresa privada para fiscalizar fondos de taquilla y marcas. Finalmente, plantea que se autorice la apertura de una cuenta bancaria judicial bajo control exclusivo de la sindicatura para depositar los ingresos de la institución.

MarkSDQ fue constituida en 2019. PRIMICIAS documentó que en julio de 2024 pasó a manos de Songoku, vinculada a los hermanos Carrera, que adquirió el 80%, y Hub, de Erik Chiriboga Espín, hijo de Luis Chiriboga, que compró el 20%. Ambas firmas tomaron el control comercial de Deportivo Quito.

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