Sociedad Deportivo Quito enfrenta un concurso de acreedores con déficit patrimonial de USD 3,2 millones

El último alcance pericial en el expediente judicial de Sociedad Deportivo Quito, con corte al 15 de julio de 2026, establece un patrimonio negativo de USD 3,22 millones: USD 489.364,08 en activos frente a obligaciones con terceros por USD 3,7 millones. El proceso, que se tramita desde 2017, mantiene el debate sobre la cuantificación de pasivos, el valor del Complejo de Carcelén y discrepancias entre dirigencia, síndico y acreedores sobre el destino de los bienes del club.

En la Unidad Judicial Civil de Iñaquito, al norte de Quito, se conserva un expediente que acumula casi una década de trámite. Mientras Sociedad Deportivo Quito intenta sostener su participación en torneos de Segunda Categoría, el caso judicial mantiene al club dentro de un concurso de acreedores que afecta sus finanzas desde 2017.

El documento más reciente dentro del proceso es el alcance pericial elaborado por el síndico de quiebras, William Erazo, con corte al 15 de julio de 2026. En el balance presentado, el club registra USD 489.364,08 en activos, mientras que las obligaciones confirmadas con terceros ascienden a USD 3,7 millones. Con esa diferencia, el informe concluye un patrimonio negativo, o déficit, de USD 3,2 millones.

El ajuste del pasivo—que habría bajado de USD 6,9 millones en 2023 a USD 3,7 millones en 2026—ha encendido cuestionamientos entre acreedores. Los reclamos apuntan a la falta de respaldo documental del recorte y derivan en exigencias de liquidación forzosa. En contraste, la directiva de la 'AKD' sostiene que la pericia no contempla la totalidad de los activos.

La radiografía del club

De acuerdo con el alcance con corte al 15 de julio de 2026, el monto total de activos documentados en el expediente judicial llega a USD 489.364,08.

Dentro del activo corriente figura una cuenta por cobrar por USD 193.903 derivada del Laudo Arbitral No. 010-23 del 2 de diciembre de 2024, emitido por el uso comercial de la publicidad interna del Estadio Olímpico Atahualpa. Ese valor permanece en suspenso debido a una acción de nulidad del laudo arbitral presentada por la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

El activo no corriente e intangibles se completa con la valoración técnica de marcas y patentes por USD 115.207 y la cotización de los derechos deportivos de la plantilla de jugadores por USD 116.732.

En cuanto a activos depreciables e inmuebles, el balance judicial contabiliza USD 63.520, correspondientes a tres predios urbanos en los que el club mantiene titularidad: el Predio 1302093 (USD 51.835), el Predio 1304251 (USD 7.554) y el Predio 1304266 (USD 4.130).

El Complejo Deportivo de Carcelén, ubicado en el Predio 81480 con una extensión de 27.248 metros cuadrados, aparece con valor contable de USD 0 en la pericia. La razón es la supuesta existencia de prohibiciones de enajenar y gravámenes legales derivados de su escritura de donación municipal.

Balance de activos y pasivos

El alcance pericial detalla un total de activos de USD 489.364,08 y pasivos con terceros por USD 3.709.892,96. En ese esquema, la proporción entre activos y pasivos queda en 11,6% y 88,4%, respectivamente.

Entre los pasivos con terceros se listan obligaciones con instituciones públicas y GAD por USD 688.233,25, con componentes como aportes, préstamos y responsabilidad patronal al IESS por USD 202.689,51; intereses y gastos judiciales al IESS por USD 224.980,59; y adeudos con el DMQ vinculados al Predio 81480 por USD 257.798, además de rubros asociados a los Predios 1302093 (USD 2.277,75), 1304251 (USD 315,11) y 1304266 (USD 172,29).

A ello se suman obligaciones con terceros por USD 2.994.389,94. Dentro de ese rubro se incluyen deudas judiciales por USD 3.020.222,21, y se agregan rubros con saldos de USD 0 para cuentas por pagar a socios y gerenciador, acreencias deportivas (FIFA - AFE - FEF) y cuentas por pagar proveedores. El balance también contempla una factura de síndico por USD 1.437,50.

Al consolidar el inventario de bienes y restar la totalidad de los pasivos, la ecuación arroja un patrimonio negativo de USD -3.220.528,88.

De USD 6,9 a 3,7 millones: cambio en la deuda de la 'AKD'

La cuantificación del endeudamiento de Sociedad Deportivo Quito ha variado a lo largo del trámite judicial iniciado en 2017. Tres años antes del informe pericial de William Erazo, la anterior síndica de quiebra, Doris Calero, presentó el 30 de junio de 2023 un balance que fijó el pasivo total del club en USD 6,9 millones.

Esa cifra incluía deudas deportivas por USD 3,6 millones, distribuidas entre 14 expedientes de la Cámara de Disputas de la FIFA y resoluciones dictadas por la FEF. En el detalle de junio de 2023 constaban reclamos de exjugadores y extécnicos como Federico Nieto, José Carlos Fernández, Carlos Ischia, Nelson Acosta, Iván Borghello, Sebastián Rusculleda, Luis Manuel Seijas, entre otros.

La reducción del pasivo hasta los USD 3,7 millones reflejados en el balance de julio de 2026 responde a argumentos contrapuestos. Celso Vásconez, abogado de Deportivo Quito, afirma que la dirigencia ha cancelado deudas de manera periódica en la FEF desde 2019 para evitar sanciones como pérdida de puntos o descenso de categoría. Del otro lado, acreedores civiles, privados y laborales ingresaron impugnaciones contra ese ajuste.

Los abogados que representan a acreedores como Zurich Seguros Ecuador S.A., Marjorie Pazmiño, el excomisario de campo Alfonso Álvarez y el extrabajador David Anaguano sostienen que la rebaja del pasivo se habría basado en una omisión del perito sin sustento documental. Plantean que, mientras no existan certificaciones escritas de archivo definitivo emitidas por los órganos disciplinarios de la FIFA o reliquidaciones judiciales de intereses dentro del expediente, los pasivos deben considerarse vigentes.

Vásconez, por su parte, defiende que las deudas ante la FIFA prescriben de manera automática tras el paso de cinco a diez años sin ejecución, por lo que no harían falta certificados escritos.

Qué ocurre con el Ney Mancheno Velasco

Uno de los puntos de mayor controversia en el concurso de acreedores se centra en el Complejo Deportivo Ney Mancheno Velasco, inmueble de 27.248 metros cuadrados ubicado en la parroquia Carcelén.

En los informes de la sindicatura, ese predio aparece registrado con valor contable de USD 0. La base de la valoración se vincula a la escritura pública celebrada el 17 de enero de 1964 ante el notario Manuel Vintimilla Ortega, mediante la cual el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito otorgó el terreno en donación al club.

La escritura de donación establece que el inmueble debe destinarse exclusivamente a instalaciones deportivas y que la institución no tiene libre disponibilidad sobre el bien. También fija prohibiciones de enajenación o constitución de gravámenes. Además, señala que, si se incumplen las condiciones o se extingue la entidad, el terreno se revertirá al patrimonio municipal sin derecho a indemnización.

Con ese antecedente, la defensa legal del club y pronunciamientos judiciales previos en juicios acumulados sostienen que el complejo es un bien inalienable e inembargable. Sin embargo, los acreedores no comparten esa interpretación: abogados como Joan Paul Egred, representante de Marjorie Pazmiño, señalan que las limitaciones derivadas de la donación municipal no pueden utilizarse para impedir el cobro en un proceso de quiebra. Su postura busca que se ordene el remate en subasta pública del complejo, argumentando que las obras e instalaciones edificadas forman parte del patrimonio ejecutable del deudor.

Una década de litigio parece acercarse a su cierre

El proceso por las deudas de Deportivo Quito comenzó el 19 de enero de 2017, cuando el juez Santiago Altamirano calificó y admitió a trámite la demanda de concurso necesario de quiebra contra el club por incumplimiento de pago de una obligación por USD 1,9 millones.

En ese auto se resolvió presumir el estado de quiebra de la entidad, decretar su interdicción civil, ordenar la inscripción de la insolvencia en los registros públicos y disponer la acumulación de todos los juicios con obligaciones pendientes.

Tras la admisión inicial, el expediente principal acumuló acciones judiciales individuales impulsadas por acreedores laborales y ejecutivos. Entre las causas acumuladas figuran la demanda laboral promovida por Alfonso Álvarez por USD 37.797,36 y el juicio de Marjorie Pazmiño para el cobro de una letra de cambio por USD 367.806.

El caso atravesó periodos de inactividad e impugnaciones durante la gestión de Doris Calero, designada en 2018. Luego de protestas escritas de acreedores que denunciaron falta de diligencia y entrega de informes incompletos, el tribunal declaró el 9 de julio de 2024 la caducidad del nombramiento de Calero.

Posteriormente, el 31 de julio de 2024, el tribunal sorteó y posesionó a William Erazo para reestructurar los estados financieros del club.

Con la pericia presentada por Erazo, la justicia convocó a una junta de acreedores para el 10 de noviembre de 2026. Vásconez solicitó un diferimiento por un viaje al extranjero previamente planificado, pero la convocatoria se mantiene.

De cara a esa diligencia, José Pardo, actual presidente de Deportivo Quito, sostiene que el club no se encuentra en estado de quiebra ni de interdicción civil, aludiendo a que se trata de un proceso concursal manejable. En el marco de la junta, los acreedores mantienen la exigencia de declarar la quiebra definitiva y ordenar la liquidación de bienes, mientras Vásconez indica que su posición es contraria a la pericia, al considerar que no se habrían tomado en cuenta todos los activos.

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