Juan Manuel Aguirre denuncia una deuda cercana a $12 millones y acusa acuerdos inviables en El Nacional

El interventor Juan Manuel Aguirre explicó la magnitud del pasivo de El Nacional, detalló cómo se reparte entre obligaciones con entidades públicas y acreencias deportivas, y señaló al general Ricardo Cajas y al ingeniero Marco Pazos por la firma de acuerdos difíciles de cumplir.

El Club Deportivo El Nacional atraviesa una de las crisis institucionales más complejas de su historia.

Juan Manuel Aguirre, interventor designado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), aseguró a Diario EL UNIVERSO que la deuda del equipo se ubica cerca de los $ 12 millones. Indicó que todavía no existe una cifra definitiva, debido a que el club mantiene procesos abiertos y obligaciones que continúan apareciendo.

La deuda actual asciende a $ 12 millones, considerando que el Club Deportivo El Nacional conserva juicios en trámite en vía ordinaria, además de otras obligaciones que también deben registrarse dentro del total por pagar.

Sobre la distribución del pasivo, Aguirre detalló que lo adeudado a empresas públicas como Seguro Social, SRI y Municipio podría representar hasta un 30 %. Precisó que existe una deuda con el Seguro Social de $ 1′200.000 por no haberse pagado desde el 2020. También mencionó obligaciones por impuestos prediales de los terrenos y multas en el SRI. El resto correspondería a acreencias deportivas, que según el interventor serían casi el 70 %, e incluirían pagos a exjugadores, jugadores, cuerpo técnico y cuerpo administrativo.

Al referirse a lo más prioritario para evitar que el club se detenga, Aguirre señaló que se trata de las acreencias de fútbol. Sostuvo que la semana anterior debían conseguir $ 65.000, y que para esa siguiente semana ya se sumaron algunos jugadores, por lo que la cifra ascendió a $ 100.000. Añadió que hasta el 15 de agosto se buscaba llegar a casi $ 150.000.

El interventor explicó que el incremento de las deudas se debe a que los acuerdos de pagos firmados por administraciones anteriores se van acumulando. Señaló que la semana pasada solicitaron una amnistía de cobro, pero el plazo se les trasladó a ocho días. En ese sentido, pidió una amnistía hasta el 15 de octubre, porque afirmó que hasta el 10 de agosto la situación del club no cambiaría.

Para sustentar montos semanales de decenas de miles de dólares, indicó que se cuenta con $ 30.000 ingresados por los derechos de formación del jugador David Zaya, quien se fue a Emelec, y que $ 50.000 ingresarían cuando se concrete la venta del jugador. Señaló que esos $ 30.000 permitieron organizar logísticamente los partidos para que el equipo viaje y pagar algunas acreencias deportivas.

Respecto de los ingresos actuales por socios o taquilla, Aguirre indicó que El Nacional percibe dinero por socios. Sin embargo, aclaró que existen órdenes de retención judicial en las cuentas: algunas están congeladas y en otras ingresa un monto aproximado de $ 15.000 a $ 18.000 mensuales. Con ese flujo, según su explicación, se pueden cubrir los servicios básicos.

Sobre el inicio del mal manejo administrativo, sostuvo que el Club Deportivo El Nacional ha sido administrado de forma “pésima”. Planteó que la brecha comienza cuando los equipos logran triunfos nacionales e internacionales, y afirmó que en 2005-2006 se empiezan a generar contratos grandes con jugadores, los cuales se habrían manejado de manera irresponsable. Enfatizó que, al pagar a jugadores, se terminan dejando de lado pagos al SRI y a la Seguridad Social.

Aguirre también habló de la responsabilidad de los socios, y sostuvo que, aunque existe corresponsabilidad de presidentes, considera que los responsables son los socios de los clubes. Argumentó que los socios deben involucrarse más, llamar a asambleas, solicitar números, estadísticas y contabilidad, y promover espacios para conocer qué ocurre.

Como alternativa para rescatar institucionalmente a El Nacional, propuso que se haga un “guiño” a la sociedad anónima, bajo la idea de que una inversión de un dólar implica retorno y podría canalizarse a un fideicomiso en la Bolsa de Valores, que consideró más manejable para pedir cuentas.

En cuanto a un contrato de $ 22.000 mensuales a Charles Vélez en serie B, Aguirre explicó que el jugador se iba a ir libre el año anterior, pero se le indicó que se quedara y se le firmó una nueva relación contractual. Detalló que se trató de una adenda: en ese año ganaría $ 15.000, el próximo $ 18.000 y en 2028 $ 22.000. Precisó que este acuerdo se firmó durante la administración del general Ricardo Cajas.

Aguirre agregó que en diciembre de 2026 el ingeniero Marco Pazos renunció, y por la sucesión establecida en los estatutos asumió el general Cajas. Indicó que, junto con la empresa NEF, por la cual afirmó haber sido “muy mal asesorado”, se habría causado un daño “terrorífico” al Club Deportivo El Nacional. Señaló que el perjuicio no sería solo por ese contrato, sino también por acuerdos de pago “casi imposibles de cumplir”.

El interventor mencionó reclamos adicionales como los del DT Juan Grabowski o Bryan Hernández, y sostuvo que no culpa a los jugadores ni al cuerpo técnico, ya que firman contratos y reclaman el cumplimiento. En contraste, citó casos como el de Jordan Congo y el Gato Roberto Garcés, con contratos hasta el 2028, pero donde tras conversaciones se acordó pagar hasta cierto punto y finiquitar, sin reclamar lo correspondiente hasta el 2028. Afirmó que el club se habría ahorrado casi $ 250.000 con esa gestión.

Sobre posibles irregularidades, indicó que existen demandas de jugadores a los que los abogados de la empresa NEF los auspician. Señaló que hay decenas de contratos y acuerdos de pago firmados con asesoría de NEF que se reclaman en vía ordinaria o vía deportiva, mediante la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Aguirre dijo que son más de diez contratos los que actualmente deben ser defendidos por el Club Deportivo El Nacional. Añadió que el club cuenta con abogados y señala casilleros judiciales, y que, aunque ahora se están defendiendo, considera que varios contratos son anormales.

En cuanto a cuándo se firman estos acuerdos, señaló que los ha visto con más frecuencia con el general Cajas. También mencionó que con el ingeniero Pazos, en algunas ocasiones, se habrían hecho negociaciones con jugadores que ya tenían contrato, para “comprar” o reconocer derechos nuevamente. En su criterio, estas malas administraciones derivaron de decisiones tomadas por los directivos, aunque considera que estuvieron muy mal asesorados, y que todo desembocó en la situación actual.

Sobre a cuántas personas o entidades les debe dinero el club, explicó que en juicios en vía ordinaria hay 92, y en vía de la Federación Ecuatoriana de Fútbol podrían ser más de 40 acreedores. Indicó que cada semana aparece uno nuevo con derecho a cobrar. También mencionó deudas con una señora que vendió almuerzos en el 2020 durante el COVID, y con señoras de una agencia de viajes a las que se les deben $70 mil.

En relación con la prórroga solicitada, Aguirre señaló que hace quince días ofrecieron $ 7.000 a Vélez y $ 4.000 a Grabowski, pero no aceptaron. Explicó que en ese momento debían perder los puntos, aunque por las fiestas de Guayaquil el plazo se corrió a la semana siguiente. Indicó que la semana anterior enviaron propuestas a siete acreedores: cuatro enviaron cartas directamente al club y tres (Hernández, Grabowski y Vélez) lo hicieron a la FEF. Por falta de comunicación, afirmó que asumió que no habían respondido y que cometió el error de decir en una entrevista que perderían los seis puntos por segunda sanción. Sin embargo, sostuvo que los siete terminaron aceptando.

Aguirre agregó que esa misma semana se sumaron tres acreedores más, a quienes ya se les enviaron cartas con plazo hasta el 15 de octubre.

Sobre el impacto de aceptar esperar hasta esa fecha, indicó que si los acreedores aceptan hasta el 15 de octubre, habrá estabilidad deportiva e institucional y mayor tranquilidad para trabajar. Señaló que los acreedores deportivos deben entender que si suspenden a El Nacional, el club pasaría a segunda categoría y los ingresos se reducirían casi al 20 %. Añadió que en segunda la actividad inicia en abril, por lo que pidió plazo hasta octubre: serían dos meses frente a ocho meses sin cobrar.

De cara a octubre, el interventor explicó que el plan financiero consiste en aprovechar la posibilidad de jugar con público tras dos fechas de sanción para generar recursos y realizar abonos paulatinos. Dijo que, junto con el coronel Francisco Reyes, la planificación es repartir cada ingreso de manera inteligente y homogénea: si se trata de siete acreedores y se entrega $ 2.000 a todos, se avanza. Pero advirtió que si uno exige $ 10.000, no sería posible.

Consultado por la fecha estimada de elecciones, Aguirre señaló que están esperando el reglamento de la Ley del Deporte. Una vez que salga, se llamará a asamblea de elecciones para iniciar el proceso electoral sin riesgo de que después sea declarado nulo. Calculó que a finales de octubre o principios de noviembre se realicen las elecciones y asuma quien gane.

Sobre cómo realizará el proceso dado que ya lleva un mes como interventor y las elecciones serían a finales de octubre, indicó que la ley contempla pedir una ampliación del nombramiento por una sola vez. Por ello, afirmó que solicitará una prórroga a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que sea aceptada por el Ministerio del Deporte por otros 90 días. Agregó que, apenas termine el proceso eleccionario, entregará la administración, y que cambiar el representante legal temporal sería “inoficioso” porque llegaría otra persona desde foja cero.

Respecto de la gestión de la economista Liliana Yunda, indicó que su administración fue breve y que gestionó casi $ 104.000 para levantar suspensiones durante el periodo de acefalía del club. Señaló que esos justificativos están en la contabilidad, ya los registró y están conforme a la ley, y que se pagó a los acreedores para que el equipo pudiera jugar. Enfatizó que el dinero fue un préstamo que debe justificarse y reconocerse.

Finalmente, al comparar la crisis con la de Deportivo Quito, Aguirre dijo que ambas situaciones son muy parecidas y producto de malos manejos administrativos y falta de control de los socios. No obstante, afirmó que El Nacional tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y una marca fuerte. Concluyó que el club necesita dirigentes transparentes que hagan gestión y comprendan que se trata de un negocio futbolístico, no de un negocio familiar para colocar a familiares y luego demandar. Señaló que Deportivo Quito lleva diez años en segunda categoría, pero que ya está ordenado, y aseguró que si El Nacional tiene cuatro años de una buena administración, podría volver con tranquilidad a la serie A.

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