El Nacional: la deuda de USD 12 millones y la dinámica de gastar más de lo que entraba

Con un pasivo que llega a USD 12 millones, embargos sobre su infraestructura y dificultades para inscribir jugadores, El Nacional descendió a la Segunda Categoría tras una sola temporada en la Serie B. Este es el detalle de las obligaciones y el impacto administrativo que terminó en la caída.

La situación económica de El Nacional se resume en una cifra: el club acumula un pasivo de USD 12 millones, mantiene deudas con organismos públicos y enfrenta embargos sobre sus bienes, además de restricciones para inscribir jugadores.

De acuerdo con el interventor del equipo, Juan Manuel Aguirre, el club le debe USD 1,2 millones al Seguro Social, USD 300.000 al Municipio de Quito y USD 70.000 al Servicio de Rentas Internas. A esto se suman medidas de embargo sobre el complejo deportivo de El Sauce y la sede social en el sector de la Jipijapa.

El mayor peso de la deuda corresponde a pagos pendientes a exjugadores, exintegrantes de cuerpos técnicos y extrabajadores administrativos. Aguirre indicó que estas obligaciones alcanzan los USD 9 millones. También existen deudas acumuladas con empresas y exproveedores, conforme a los asientos contables de la institución.

El Nacional confirmó su descenso a la Segunda Categoría después de apenas una temporada en la Serie B. La definición del descenso se dio el viernes 25 de septiembre de 2026, cuando el equipo cayó ante Cumbayá en el estadio La Cocha de Latacunga.

Durante los últimos siete años, la crisis se habría profundizado hasta volverse insostenible. El interventor atribuye el crecimiento del endeudamiento a administraciones encabezadas por Lucía Vallecilla, Marco Pazos y Ricardo Cajas, además de la gestión del grupo empresarial Naniecheandía (NEF), que estuvo al frente del club desde la Nochebuena de 2025 hasta abril de 2026.

“Entraban dos dólares y se gastaban cinco”, grafica Aguirre para explicar el escenario económico y administrativo que terminó afectando al bitricampeón del fútbol ecuatoriano.

La desproporción se reflejó en contrataciones que, según el relato del interventor, se alejaron de la lógica de mercado para un equipo en Serie B: se habrían pactado sueldos de entre USD 6.000 y USD 8.000 mensuales, con escalafones proyectados al 2028 de hasta USD 20.000. También se mencionan deudas individuales de gran magnitud, como la que mantiene el club con el futbolista Charles Vélez, a quien se le deben cerca de un millón de dólares.

La falta de liquidez afecta directamente el patrimonio institucional. La Sede Social de Jipijapa y el Complejo Deportivo de Tumbaco enfrentan procesos de embargo vinculados a juicios laborales y a deudas en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En Tumbaco, el embargo se relaciona con un juicio impulsado por el exdirigente Ramiro Oviedo, mientras que la sede social afronta una demanda de USD 60.000.

En el plano judicial, El Nacional registra 90 juicios laborales en la justicia ordinaria. Además, suma 100 expedientes promovidos por exjugadores e integrantes de cuerpos técnicos ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), tramitados en la Cámara de Resolución de Disputas.

El flujo de caja operativo también permanece limitado: los ingresos por derechos de televisión se mantienen congelados por la justicia ordinaria debido a reclamos interpuestos por excolaboradores. En el caso de Leandro Simbaña, exfisioterapista del equipo, se aplicó una medida judicial por una deuda de USD 57.513,76. Los derechos de televisión quedaron igualmente congelados por demandas de Mario Fabián Vega (USD 27.500), Diego Proaño (USD 27.097,81) y Rocío Bastidas, por un total de USD 27.626,94.

Como parte de las acciones de contingencia, el club busca depurar las cuentas reales, y cobra fuerza la necesidad de una auditoría forense para transparentar la deuda. PRIMICIAS conoció que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desea impulsar este examen. Uno de los impulsores es el exgerente Galo Moscoso, quien confirmó que continuará con el proceso aprobado por los socios en la Asamblea Ordinaria de enero de 2026, que quedó inconcluso.

Moscoso sostiene que se han detectado inconsistencias severas en los reclamos de varios acreedores. A esto se suman fallos recientes favorables en tribunales ordinarios, lo que permitiría recortar el pasivo hasta en USD 1,5 millones, para dejarlo en USD 10,5 millones. Sin embargo, remarca que la auditoría forense es necesaria para determinar “quiénes y cómo endeudaron a El Nacional”.

Con miras al control del club tras las elecciones de noviembre de 2026, el interventor señala que el punto clave para la dirigencia estará en la Cámara de Resolución de Disputas y en los tribunales internacionales de la FIFA.

El Nacional quedó sin autoridades tras la renuncia del presidente Ricardo Cajas y de los vocales Manolo Hernández, Christian Burbano y Octavio Rosales el 19 de mayo de 2026. Un día después, Lilia Yunda fue elegida como nueva presidenta, pero el Viceministerio del Deporte la inhabilitó por errores en el procedimiento de la Asamblea.

Aguirre ejerce como interventor desde el 8 de julio de 2026 y lidera un proceso para convocar elecciones. El club designó el viernes 18 de septiembre una Comisión electoral integrada por 10 socios: seis militares en servicio activo, dos en servicio pasivo y dos socios civiles.

En lo deportivo y administrativo, el club mantiene bloqueado su acceso al sistema de inscripciones (Comet) en la FEF por los 100 expedientes que mantiene a nivel local, además de sanciones en la FIFA por tres expedientes activos: Omar Asad, con el club Estudiantes de Mérida por el pase de Franklin Carabalí, y el exasistente Juan Girardengo. Si no se alcanzan acuerdos de pago o no se cancelan esos valores, el impedimento reglamentario para inscribir nuevos futbolistas se mantendría, obligando al equipo a competir en la Segunda Categoría únicamente con su nómina juvenil y con jugadores vigentes registrados en sus archivos.

Más allá del descalabro interno, Aguirre vincula la crisis con fallas estructurales del fútbol ecuatoriano. Afirma que no existe un control económico real en los equipos y sostiene: “Existe un control económico-financiero que no es real. Es una fantasía. ¿Cómo puede ser real que se acepten contratos de un jugador que vaya a ganar USD 18.000, si no justifica cómo va a tener dinero para pagar? Por la falta de control de la LigaPro es que está pasando esta tragedia”.

En su análisis, plantea que la LigaPro debe hacer un “mea culpa” por la distorsión que, a su criterio, afecta al fútbol nacional. También anticipa un escenario para el próximo año, con un cruce de Serie A entre Liga de Quito y Orense en horario simultáneo a un El Nacional vs. Deportivo Quito en la Segunda Categoría. “¿Dónde va a estar la gente? Es una locura, algo está fallando profundamente”.

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