El Nacional cae a Segunda categoría y enfrenta un cerco judicial por deudas laborales y jubilaciones impagas

Tras confirmarse su descenso, El Nacional acumula un conflicto financiero que alcanza a utileros, empleados y futbolistas con décadas de servicio. Los procesos judiciales involucran reclamos por jubilaciones patronales, finiquitos y pagos atrasados, además de la posibilidad de ejecutar bienes personales de expresidentes con base en el Código del Trabajo y el Cogep.

La derrota 3-0 ante Cumbayá FC, registrada la noche del viernes 25 de septiembre de 2026, selló el descenso de El Nacional a Segunda Categoría. El golpe deportivo se convirtió en una crisis que también impactó la vida de trabajadores que permanecieron durante años en el club y que, sin recibir sus haberes, acudieron a la vía judicial para exigir pagos.

Con un total de 69 expedientes judiciales que constan como públicos, el caso de Manuel 'Careloco' Cortez se volvió uno de los rostros más representativos. Utilero con participación en 13 títulos de El Nacional, reclama USD 18.000 por jubilación patronal tras 48 años de servicio. A su situación se suman reclamos de empleadas de cocina, contadoras con 33 años de labores y otros trabajadores, además de futbolistas que habrían enfrentado presiones para firmar roles sin cobrar, con el objetivo de evitar la resta de puntos.

La problemática también se refleja en la forma en que el club habría registrado obligaciones: sin presupuesto para adquirir licencias contables, los pasivos se consignaban en tablas de Excel. En los tribunales, los demandantes estructuraron sus pedidos amparados en la solidaridad patronal del Código del Trabajo y en las reglas del Cogep, de modo que no se limita la disputa al patrimonio del club, sino que abre la puerta a perseguir bienes personales de exdirigentes.

Los reclamos y sus protagonistas

Manuel 'Careloco' Cortez dedicó 48 años a El Nacional, entre 1967 y 2015, y durante ese periodo celebró 13 de los 14 títulos nacionales del club. Tras su retiro, la institución dejó de pagarle su pensión jubilar patronal, acumulando una deuda de USD 18.000 por ocho años de atrasos no depositados. En Quito, Cortez guarda recuerdos familiares y personales, y presentó una demanda en enero de 2026 luego de esperar soluciones sin resultados en la sede del equipo.

El caso se conecta con el de Leandro 'Correcaminos' Simbaña, fisioterapeuta recordado por su ingreso veloz a la cancha, quien obtuvo un mandamiento de ejecución firme por USD 57.513 en la causa 17371-2025-03064.

Rocío Bastidas, extitular de contabilidad, trabajó 33 años en El Nacional con un sueldo de USD 1.894. El Ministerio del Trabajo le fijó una pensión jubilar de USD 511, que se suspendió en enero de 2020. En el proceso judicial, firmó un acuerdo por USD 25.699 que el club incumplió nuevamente, lo que activó el embargo de los derechos de televisión. En un escenario similar se mencionan el exmensajero Mario Vega, con 29 años de servicio y una orden de cobro por USD 27.500; la exempleada de cocina María Chalá Arce, con mandamiento por USD 15.189 en la causa 17371-2020-04202; y el exutilero Diego Proaño, con ejecución por USD 27.097.

También se reporta un grupo de expersonal administrativo integrado por Olivia Gordon, Byron Lozada y Galo Fernández, que atravesó un proceso de tres años por el impago de un finiquito de USD 35.000. Tras el archivo formal de sus causas iniciales en 2023 y 2024, Gordon logró la cancelación de sus haberes en marzo de 2026 dentro del expediente 17371-2025-00918.

La crisis laboral se reflejó en el plantel

El impacto de los impagos alcanzó al plantel profesional. En 2025, Jonathan Borja señaló en zona mixta que acumulaba nueve meses sin percibir su remuneración y mencionó que varios compañeros habrían sufrido el desalojo de sus viviendas por no poder pagar el arriendo.

La situación se relaciona con episodios previos en 2020, cuando Pedro Quiñónez, Hólger Matamoros y Luis Congo confrontaron a la directiva. En esa ocasión, admitieron que firmaron roles de pago sin haber cobrado entre cuatro y seis meses de sueldo para evitar la resta de puntos en el campeonato nacional.

En 2024, el defensor Anthony Bedoya manifestó su molestia con el presidente Marco Pazos. Lo hizo después de que la dirigencia prometiera entregar el 100% de la taquilla de la semifinal de la Copa Ecuador para saldar sueldos atrasados, pero posteriormente aplicó descuentos por gastos operativos del estadio Atahualpa.

El informe del interventor Juan Manuel Aguirre dio cuenta de contrataciones fuera de mercado para la Serie B, con sueldos entre USD 6.000 y USD 8.000 mensuales. Entre las obligaciones reportadas consta la deuda con el futbolista Charles Vélez, cuya acreencia habría subido de USD 250.000 a USD 300.000.

Al asumir la intervención en julio de 2026, Aguirre encontró a seis empleados trabajando sin sueldo desde inicio de año y a seis personas del área administrativa sin contrato desde hacía dos años. En ese periodo, la entidad habría sobrevivido con ingresos de USD 40.000 mensuales provenientes de los socios del club, frente a un gasto operativo de USD 110.000.

Expresidencias y responsabilidad personal en los juicios

De acuerdo con los documentos judiciales revisados, las demandas contra El Nacional trascendieron el ámbito de la persona jurídica. Con base en el artículo 41 del Código del Trabajo, que contempla responsabilidad solidaria, los demandantes incluyeron a expresidentes como personas naturales para responder con su patrimonio particular.

Además, el artículo 142 del Cogep permite que las demandas laborales se dirijan tanto contra la entidad como contra personas naturales que ejercieron la representación legal al momento de generarse obligaciones contractuales o despidos.

El texto judicial también vincula acciones contra finanzas privadas en ámbitos comerciales. En contratos de venta de vehículos de Automotores Continental y en créditos con el Banco General Rumiñahui, los acreedores habrían exigido que los directivos firmaran como codeudores solidarios. Esta condición habilita que embargos y retenciones bancarias recaigan no solo sobre bienes del club, sino también sobre cuentas particulares de los dirigentes firmantes.

En el plano deportivo, el artículo 153 de la Ley del Deporte establece sanciones de inhabilitación por el doble del tiempo del mandato para directivos que no presenten estados financieros auditados, balances de gestión o que no convoquen a elecciones dentro de los plazos estatutarios.

Lucía Vallecilla, presidenta entre 2019 y 2023, figura demandada solidariamente como persona natural en juicios laborales de Diego Proaño, María Chalá, Mario Vega, Rocío Bastidas, Edgar Quiñónez y Byron Calucho, además de aparecer como codeudora en demandas vinculadas a Automotores Continental y Banco General Rumiñahui. También consta que Vallecilla interpuso un reclamo judicial contra el club para exigir la devolución de USD 780.739 por supuestos préstamos directos. En su historial judicial se registra una sentencia de cinco días de prisión por contravención verbal, inhabilitación del Ministerio del Deporte e investigaciones en LigaPro por audios sobre contratos dobles.

Sucesor y siguientes mandatos

Marco Pazos, presidente entre 2024 y 2025, enfrenta demandas solidarias a título personal en causas laborales de Vicente Vallejo, Mario Ortiz, Carlos Luis Orellana, Bolívar Puente, Paúl Estrella y Leandro Simbaña. Pazos renunció a la presidencia en diciembre de 2025 tras la resta de puntos.

El general Ricardo Cajas, que asumió en diciembre de 2025 y dimitió en mayo de 2026, aparece citado por sus propios derechos en juicios laborales presentados en 2026 por Néstor Espinosa, Joselyn Álvarez, Karla Alomía y Cosme Jumbo.

El cerco judicial también alcanza a otros exdirigentes: el exvicepresidente Jorge Almeida y el exgerente financiero Julio Estrella constan demandados en procesos de Rocío Bastidas y Mario Vega. Asimismo, Jorge Yunda y Byron Lozada fueron citados bajo los artículos 36 y 41 del Código del Trabajo en la demanda de Carlos Orellana.

Deudas y montos consignados en procesos

Entre los expedientes mencionados se registran, por ejemplo, demandas civiles y laborales con montos exigibles que incluyen USD 780.739,89 en el proceso 17230-2025-26637; USD 291.000,00 en 17230-2024-34131; USD 115.051,75 en 17230-2024-13170; y USD 92.424,66 en 17230-2024-13170. En causas laborales figuran montos como USD 57.513,76 en 17371-2025-03064, USD 27.626,94 en 17371-2023-00731, USD 27.097,81 en 17371-2020-03352, USD 27.500,00 en 17371-2022-01880 y USD 25.699,00 en el acuerdo incumplido por Rocío Bastidas.

También se consignan ejecuciones y mandamientos por importes como USD 15.189,21 en 17371-2020-04202, USD 10.000,00 en 17230-2025-01483, USD 9.405,36 en 17371-2025-02323, USD 8.050,88 en 17371-2025-02692, USD 5.370,00 en 17371-2025-03319 y USD 3.306,25 en 17230-2025-11998, entre otros.

El siguiente paso del club

Con el descenso confirmado y la crisis laboral extendida a los juzgados, el futuro inmediato de El Nacional apunta a la convocatoria de elecciones para elegir una nueva directiva. El nuevo presidente asumirá con el desafío de gestionar un escenario marcado por múltiples procesos y deudas, en medio de la difícil realidad deportiva de la Segunda categoría.

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