Informe forense determina que José María Enríquez Negreira no está en condiciones de afrontar el juicio

El tercer análisis pericial desde el inicio del caso Negreira concluye que José María Enríquez Negreira no cuenta con capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial, y que desde enero de 2024 se observa un empeoramiento clínico y psicométrico asociado a su deterioro neurocognitivo y posible enfermedad de alzhéimer.

José María Enríquez Negreira se sometió el 24 de marzo a un nuevo análisis forense, el tercero desde que se abrió el caso Negreira, relacionado con el pago de 7,3 millones de euros por parte del Futbol Club Barcelona al número dos de los árbitros españoles y a su hijo, Javier Enríquez, entre 2011 y 2018.

El documento resultante, ya en manos del juez, concluye que “no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial”. Además, señala que, desde el 18 de enero de 2024, fecha de una exploración previa, se produjo un “empeoramiento”, tanto “desde el punto de vista psicométrico como a nivel clínico”.

La valoración fue solicitada por su letrado para determinar si el deterioro cognitivo de Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) cuando comenzó a recibir los pagos, le impedía afrontar el juicio. De acuerdo con el texto, presenta un trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto y posiblemente padece la enfermedad de alzhéimer.

La exploración indica que la memoria a corto plazo episódica del hombre, de 81 años, está “gravemente afectada”, lo que implica “incapacidad para retener información reciente”, con probable presencia de confabulación como mecanismo de compensación, aumentando la vulnerabilidad a la sugestión externa. En cuanto a la memoria a largo plazo, el documento recoge que “sigue refiriendo” numerosos aspectos vinculados a su profesión, recuerda nombres de antiguos compañeros y cargos del Comité Español de Árbitros.

Enríquez Negreira acudió al Instituto de Medicina Legal de Cataluña (IMLC) para ser examinado nuevamente por un forense que debía valorar si su deterioro cognitivo le impide afrontar el proceso penal del caso Negreira. La defensa del exdirigente arbitral, de 80 años, sostuvo que había empeorado su demencia, por lo que la jueza de Barcelona que investiga el caso pidió una nueva valoración pericial.

En la instrucción del caso Negreira han declarado distintos presidentes del Futbol Club Barcelona, desde Joan Gaspart, que inició esa práctica, hasta Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Todos ellos negaron que el objetivo fuera la compra de favores arbitrales y vincularon esos pagos a informes elaborados por el ex número dos de los árbitros españoles sobre los colegiados que dirigirían partidos en los que se enfrentaría el Barcelona.

Las descripciones realizadas por Negreira y por su hijo habrían servido, de acuerdo con lo que coincidieron, para reflejar el talante de cada árbitro y proporcionar a los técnicos azulgranas información para gestionar cuestiones propias de cada partido en su relación con los árbitros.

Ernesto Valverde, entrenador del primer equipo blaugrana entre 2017 y 2020, también declaró como testigo y señaló que, aunque esos informes son habituales en otros clubes, desconocía su existencia en el Barcelona. Luis Enrique, entrenador que también intervino en el proceso, negó igualmente tener constancia de esos informes sobre árbitros para los que supuestamente se contrató a Negreira y a su hijo.

Carles Naval, delegado del Barça, manifestó posteriormente que recibía los informes por correo electrónico y, tras confirmar su contenido, validaba su existencia para que fueran pagados, poniéndolos al servicio de quien quisiera utilizarlos.

Por su parte, Alfons Castro, tesorero del club y también declarante ante el juez en representación del Futbol Club Barcelona, aseguró que la entidad siempre actuó correctamente, atendiendo a la legalidad y a su evolución. Esta declaración se produjo en pleno proceso electoral del club azulgrana y tuvo especial relevancia al actuar como representante legal de una entidad imputada como persona jurídica por los presuntos delitos de administración desleal y corrupción.

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