El Nacional enfrenta 69 procesos judiciales y mandamientos por más de USD 1,4 millones a días del posible descenso

El club, a un empate de caer a la Segunda Categoría, mantiene una crisis económica reflejada en la Función Judicial: mandamientos de ejecución que superan los USD 1,4 millones, embargos sobre el complejo de Tumbaco, retenciones asociadas a los derechos de televisión y coactivas del SRI e IESS que afectan su liquidez.

El Nacional atraviesa una doble urgencia: el riesgo deportivo de descender a la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano y, al mismo tiempo, una presión judicial que inmoviliza parte de su patrimonio y sus ingresos.

El equipo está a un empate de perder la categoría. Si empata o pierde contra el Cumbayá el viernes 25 de septiembre, la pérdida de categoría se habrá consumado. Mientras la atención se concentra en ese compromiso, el club también enfrenta en tribunales ordinarios un escenario de asfixia económica.

La situación judicial se sustenta en al menos 69 causas registradas en el Sistema de Trámite Automático Judicial (Satje), aunque Juan Manuel Aguirre, actual administrador del club, sostiene que serían cerca de 90 juicios. Estas demandas se traducen en mandamientos de ejecución por más de USD 1,4 millones, además de embargos y retenciones que impactan cuentas bancarias e ingresos.

Déficit institucional y pasivo documentado

En la asamblea de socios del 29 de enero de 2024, Fred Larreátegui, representante legal temporal de la época, informó un pasivo acumulado de USD 7,2 millones. El desglose contemplaba deudas por sueldos no pagados por USD 2,2 millones, proveedores por USD 1,9 millones, instituciones por USD 1,9 millones, préstamos de directivos concedidos entre 2019 y 2022 por USD 773.458, acreencias bancarias por USD 314.590, cuentas por pagar por USD 529.000 y pasivos en procesos judiciales por USD 685.299.

No obstante, los archivos judiciales revisados reflejan un alcance mayor y se enfocan en activos relevantes del club. En el Satje constan 69 casos de distintas materias, asociados a medidas cautelares y procesos en etapas de ejecución.

Embargo del complejo de Tumbaco: caso Kléver Oviedo

La medida cautelar con mayor impacto sobre el patrimonio recae en el centro de entrenamiento del club en Tumbaco. En el juicio seguido por Kléver Oviedo, la Unidad Judicial Civil de Iñaquito ordenó el embargo del predio.

La acción se originó en la ejecución de un acta de mediación incumplida. El capital inicial fue de USD 85.419, con una liquidación que ascendió a USD 92.424 más intereses.

El 19 de marzo de 2026, funcionarios judiciales y la Policía Nacional colocaron candados en los accesos al complejo. El 13 de abril de 2026, un grupo de socios alcanzó un acuerdo directo con la defensa legal del acreedor para retirar las cadenas y reabrir las instalaciones.

Aunque el embargo cautelar se relaciona con esa intervención, no consta cancelado en el registro de la propiedad o, al menos, no aparece formalizado dentro del sistema judicial. En el expediente, el juzgado aprobó la pericia de avalúo comercial del predio, tasado en USD 9 millones. Además, mediante otro proceso seguido por Automotores Continental se notificó un segundo embargo sobre el mismo lote.

Coactivas, retenciones y bloqueos bancarios

En el ámbito económico-financiero, El Nacional mantiene dos frentes: sanciones y expedientes vinculados al entorno deportivo, y procesos en la justicia ordinaria.

En la Función Judicial, el efecto principal se observa en coactivas y embargos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene tres procedimientos por obligaciones tributarias por USD 876.811, monto que escaló a USD 1 millón. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tramita dos coactivas por glosas patronales de USD 599.193, estimadas también en otro USD 1 millón.

Estas órdenes derivaron en la congelación de cuentas en Banco General Rumiñahui, Produbanco, Credil y la Cooperativa 29 de Octubre, además del secuestro judicial de vehículos institucionales como el autobús y la prohibición general de enajenar bienes.

Paralelamente, la liquidez también se vio afectada por embargos sobre ingresos por derechos de transmisión televisiva. Juzgados laborales ordenaron al Secretario General de la LigaPro retener y consignar los valores asignados a El Nacional en el campeonato nacional a los acreedores.

Entre las órdenes notificadas figuran procesos a favor de Diego Proaño, María Chalá, Mario Vega, Rocío Bastidas y Leandro Simbaña. A estos se suman embargos de créditos y retenciones a LigaPro en varios expedientes laborales, con montos reclamados que incluyen USD 57.513,76; USD 27.626,94; USD 27.500,00; USD 27.097,81; y USD 15.189,21.

Mandamientos de ejecución firmes y montos en etapa de apremio

Dentro del conjunto de causas, las obligaciones en etapa de apremio y mandamiento de ejecución firme —sin recursos pendientes— superan los USD 1,4 millones.

En el área de proveedores destaca la demanda de Automotores Continental, que exige la cancelación de USD 291.000 por el saldo derivado de contratos de venta de vehículos celebrados durante la administración de Lucía Vallecilla, más intereses acumulados.

También figura una causa iniciada por SBSports Agencia para el cobro de un pagaré a la orden por USD 106.234 de capital al 8,68% de interés. Aunque las partes acordaron cancelar el saldo en 10 cuotas mensuales, el club incumplió los desembolsos. El 14 de noviembre de 2025 se dictó el mandamiento de ejecución por un total de USD 115.051, y el 2 de junio de 2026 la secretaría del despacho sentó razón de que la institución no realizó abono alguno.

Además, la expresidenta Vallecilla Suárez interpuso un reclamo judicial exigiendo el pago de USD 780.739. Esta deuda corresponde a préstamos entregados a la institución, intereses de mora, honorarios profesionales y gastos de peritaje.

Otros cobros ya encarrilados incluyen órdenes por trabajos de mantenimiento en el sistema de bombas del complejo, como el caso de Segundo Tupiza por USD 14.500. También aparecen procesos con montos entre USD 2.875 y USD 4.128 por honorarios de distintos rubros.

Liquidaciones laborales y actas no canceladas

La presión judicial se completa con liquidaciones laborales derivadas de actas no canceladas. Karla Alomía demandó la ejecución de un acta de finiquito firmada en diciembre de 2025. El juzgado verificó que la institución solo abonó la primera cuota y aplicó la tasa de interés del 7,76% sobre el capital vencido de USD 23.731, determinando un saldo exigible de USD 24.271.

En escenarios similares figuran Mario Ortiz, Vicente Vallejo y Leandro Simbaña con órdenes de pago que suman USD 80.340.

Causas que avanzan en trámite y conocimiento procesal

A la presión de los mandamientos de ejecución firmes se añade un bloque de ocho causas que se encuentran en fase inicial de trámite y conocimiento procesal en Unidades Judiciales de Quito. Entre estas acciones destacan reclamos laborales de ejecución de actas iniciados por Sara Carvajal y Guido Coello.

En la misma fecha de septiembre de 2026, la Unidad Judicial Laboral calificó e ingresó a la oficina de citaciones la demanda sumaria por despido intempestivo planteada por Cosme Jumbo Granda en la causa 17371-2026-01763.

Expedientes cerrados: pagos, transacciones y archivos

En el registro de la Función Judicial, únicamente tres expedientes concluyeron por extinción total de las obligaciones reclamadas, es decir, con pago completo. El cierre laboral por cobro judicial forzoso corresponde al juicio tramitado por Edgar Quiñónez en la Unidad Judicial Civil de Riobamba. El 13 de noviembre de 2025, el juez declaró extinguida la obligación por solución o pago tras comprobarse que el trabajador cobró los USD 16.805 pendientes.

Las otras dos causas archivadas se resolvieron mediante transacciones procesales. En el proceso para la ejecución de un acta por USD 35.000 presentada por Olivia Gordón, la Unidad Judicial de Trabajo resolvió el recurso de apelación y dictó el 12 de marzo de 2026 el auto de archivo definitivo por extinción del saldo adeudado.

El tercer caso cerrado corresponde al cobro de facturas impulsado por Wilson Llerena. En la audiencia del 28 de abril de 2026, demandante y representación legal de El Nacional suscribieron una conciliación aprobada por el juez, que contempló la cancelación fraccionada de USD 2.333.

Archivos que no implican condonación

Además, otro grupo de las 69 causas fue archivado. El archivo no significa necesariamente que las deudas hayan sido saldadas o condonadas. La revisión de los documentos judiciales indica que el archivo responde a que el demandante no aclaró ni completó requisitos formales de la demanda dentro del término de cinco días. En consecuencia, varias causas se volvieron a presentar o pueden reactivarse en cualquier momento.

Un ejemplo de ese ciclo es el caso de Segundo Tupiza: su primer juicio fue archivado el 11 de julio de 2025. Posteriormente, Tupiza volvió a ingresar la demanda, logrando la admisión del reclamo y la orden de cobro por USD 14.500.

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