La Audiencia de Barcelona archiva una causa por presunta estafa vinculada a una empresa ligada a Laporta

El tribunal no aprecia indicios de delito tras la denuncia de Albert Ramos por una inversión fallida en CSSB, sociedad participada por Core Store, donde Joan Laporta figura como accionista.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado el archivo de una de las tres investigaciones judiciales abiertas para esclarecer un presunto caso de estafa relacionado con CSSB, una sociedad participada por Core Store. En CSSB, Joan Laporta, actual presidente electo del Barcelona, es accionista.

El tenista Albert Ramos presentó la denuncia después de realizar una inversión de 100.000 euros en 2017 mediante una inyección de capital y un crédito. El dinero se destinó a un proyecto que no llegó a consolidarse: la explotación del club de fútbol Reus Deportiu, expulsado de la liga de fútbol por impagos en 2020, y el BIT F. C, un equipo chino que durante tres años afrontó el impacto de la covid.

La sección 10 de la Audiencia rechazó el recurso de reposición interpuesto por Ramos y confirmó el sobreseimiento que ya había acordado una jueza de instrucción. El tribunal concluyó que no existen “indicios razonables” de delito. En el auto de archivo se recoge que el asunto fue presentado “como un proyecto de inversión interesante para el querellante” y que, a partir de la documentación y de las declaraciones testificales, “no existe indicio que permita sostener que le fue presentado a sabiendas que no iba a prosperar”.

La Audiencia también marcó diferencias con otro procedimiento por una inversión similar en la misma compañía. En esa causa, un Juzgado de Instrucción había decidido sobreseer y el caso terminó reabriéndose. Allí, el actual presidente del Futbol Club Barcelona sí figura como investigado, mientras que en este expediente solo intervino como testigo en su condición de accionista de la sociedad.

En esta investigación, los acusados eran Joan Oliver, exdirector del Barça en el primer mandato de Laporta y expresidente del reus Deportiu, como responsable de la empresa, y Sandra Solé como asesora de la compañía. Ambos mantuvieron reuniones con el denunciante.

Ramos sostuvo que existía un posible delito de estafa al considerar que el proyecto ofrecido para invertir aparentaba solvencia y un “riesgo bajo”. También alegó que se emplearon perfiles de prestigio —Joan Laporta y su mano derecha rafa Yuste, además del economista Xavier Sala i Martín— como elemento para atraer la inversión.

Por su parte, los denunciados defendieron que el fracaso del negocio no se debió a lo planteado inicialmente, sino a circunstancias que no podían controlar. Afirmaron que se propuso un calendario de devolución de pagos en 2023, antes de que se iniciara el proceso judicial, y señalaron que se comprometieron a abonar unos intereses del 6% durante tres años. Ramos decidió no aceptar esa propuesta.

La Audiencia asumió la línea de la jueza instructora, que justificó el archivo al señalar que “el procesamiento exige que la hipótesis de la comisión del delito y la participación en él del inculpado sea al menos tan posible o fuerte como la contraria”.

En enero, Laporta acudió como imputado a la Ciutat de la Justícia para declarar por un caso semejante en el que una mujer invirtió 120.000 euros en 2016. A su salida, se desmarcó de la gestión de las dos sociedades implicadas: Core Store —de la que es accionista directo y fue administrador hasta 2019— y CSSB.

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